El artículo analiza en profundidad el Real Decreto 1065/2025, que desarrolla el régimen de los contratos formativos del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. La norma regula el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de práctica profesional, reforzando la tutela formativa mediante planes individualizados, convenios empresa-centro educativo y sistemas de doble tutorización. También introduce límites al número de contratos formativos por centro de trabajo y exige que la retribución nunca sea inferior al SMI proporcional. El análisis doctrinal resalta los efectos positivos de la regulación —mayor calidad formativa, lucha contra el fraude y protección de los jóvenes—, pero también sus riesgos: cargas administrativas para las empresas, posible reducción de oportunidades en PYMES, rigidez en los cupos y dificultades económicas para los estudiantes por las limitaciones de jornada. El estudio concluye que el decreto es un avance significativo, aunque requiere políticas complementarias e incentivos para desplegar plenamente su potencial.
