La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2026 en el caso Obadal representa un hito en la regulación del empleo público en España. El fallo declara que las medidas adoptadas por el ordenamiento jurídico español para combatir el abuso de la temporalidad no cumplen con las exigencias del Derecho de la Unión Europea. En particular, cuestiona la figura del “indefinido no fijo”, así como la eficacia de las indemnizaciones y los procesos selectivos como mecanismos sancionadores. El Tribunal insiste en la necesidad de establecer medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que garanticen la protección de los trabajadores temporales. Esta decisión obliga a una profunda revisión del marco normativo español y abre la puerta a posibles cambios estructurales en el empleo público, incluyendo la estabilización de trabajadores y la redefinición de las políticas de contratación.
