El presente trabajo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo 1582/2026, de 14 de abril, que aborda la compatibilidad entre la actuación de la Inspección de Trabajo y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas. La resolución resuelve un recurso de casación interpuesto frente a una actuación inspectora realizada sin autorización judicial en el domicilio social de una empresa. El Tribunal Supremo concluye que la mera entrada en el domicilio, incluso sin registro documental, requiere autorización judicial previa, reforzando así la protección constitucional del artículo 18.2 de la Constitución Española. El estudio examina los fundamentos jurídicos de la sentencia, su interpretación del artículo 13 de la Ley 23/2015 y su impacto en la actuación administrativa. Asimismo, se valoran las implicaciones prácticas para la actividad inspectora y la delimitación del concepto de domicilio en el ámbito empresarial.
